En el desarrollo de esta primera Jornada se plantearon numerosas cuestiones sobre la aplicación práctica de las premisas que definen tanto los derechos como las garantías de la protección de datos personales. Esta materia, tan importante como desconocida en el ámbito del sector público y privado de las diferentes Comunidades Autónomas, se planteó en su introducción como un punto más a tener en cuenta a la hora de organizar la actividad de la Administración Pública, así como lo es la aplicación en general de las Nuevas Tecnologías.

El Derecho Fundamental a la Protección de los Datos de carácter Personales, debe ser interpretado como una herramienta más del funcionamiento del sector público por cuanto en este ámbito es dónde se trata el mayor volumen de datos personales. Siendo este además un derecho recogido en la Constitución de 1978, y desarrollado extensamente en diferentes normas europeas, estatales y autonómicas, debe tener el reconocimiento que merece, respetando su contenido y aplicando las disposiciones que lo sistematizan allí dónde se produzca la recogida o tratamiento de datos de carácter personal.

La falta de información de los propios interesados, titulares de los datos, unida a la falta de formación de los responsables de los ficheros dónde se almacenan, da lugar a la actual situación de desprotección y vulneraciones continuas de este derecho, lo que justifica y exige la celebración de Jornadas como ésta. APICE, representada por su presidente, D. Andrés Borrego, reunió en un solo acto a las más importantes autoridades y profesionales relacionados con la materia, quienes expusieron su visión práctica de la problemática actual en la defensa del Derecho Fundamental a la Protección de Datos personales. Así, D. José Luis Piñar Mañas, Director de la Agencia Estatal de Protección de Datos, tuvo ocasión de resaltar el creciente, pero aún escaso, estado de las inscripciones de ficheros ante la Agencia, en el sector privado y público, en aquellas Comunidades Autónomas que carecen de autoridad de control propia. Junto a esto, expuso el contenido de algunas de las Instrucciones de la AEPD más relevantes dictadas en los últimos meses, e informó de la campaña anti-spam que han comenzado, abriendo 15 inspecciones basadas en denuncias de ciudadanos afectados, aquí una vez más, hubo que hacer referencia a las dificultades de perseguir esta práctica debido al carácter transfronterizo de Internet.

D. José Antonio Martín Pallín, Magistrado del Tribunal Supremo, puso de relieve las carencias de la aplicación de la Ley 15/99 de Protección de Datos de carácter personal y la relevancia de las sentencias dictadas hasta el momento en esta materia. La jurisprudencia supone una importante aportación por el enfoque interpretativo que da de de los preceptos de la Ley, pues facilita su aplicación y limita las posibilidades de vulneración del derecho fundamental provocadas muchas veces por lo asimétrico de la literalidad de la Ley. Estas deficiencias se pusieron de manifiesto a través de un escueto análisis de diferentes situaciones que se vienen dando en el sector sanitario, que no olvidemos trata datos personales de carácter sensible, y por tanto que exigen un nivel máximo de protección.

En una segunda sesión, D. Ignacio Villaverde, Secretario General de la Universidad de Oviedo y ponente de una de las sentencias del Tribunal Constitucional más importantes dictadas ahora en la materia, (la STC 292/200 de 30 de noviembre de 2000 que resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Comisión de Libertades e Informática respecto de los arts. 21.1 y 24.1 y 2 de la Ley Orgánica 15/1999), dio paso a D. Josep Xavier Hernández i Moreno, Director de la Agencia Catalana, D. Iñaki Vicuña de Nicolás, Director de las Agencia Vasca, D. Francisco José López Carmona, Subdirector General de Registro y Consultoría de la Agencia Madrileña y D. Antoni Farriols i Solá, Presidente de la Comisión de Libertades e Informática. En las distintas exposiciones, se insistió en el carácter independiente de las autoridades de control autonómicas en sus competencias, y en la excelente comunicación y coordinación que, entre ellas y la autoridad estatal, existe y debe existir. Se presentaron también distintos muestreos estadísticos sobre las inscripciones de ficheros por parte de la Administración Pública en las Agencias representadas, y se destacó la importancia de la creación de autoridades de control en aquellas Comunidades Autónomas que aún carecen de ellas, apremiando en este cometido a los poderes públicos competentes. En este sentido, coincidieron todos al señalar que la labor de concienciación que puede desempeñar una autoridad de control en esta materia, debe ser auspiciada por los propios poderes públicos, con el apoyo necesario para difundir los derechos, obligaciones y garantías que afectan a todas las partes implicadas, y contribuir así a la efectiva implantación de sistemas de seguridad en los tratamientos de datos personales. Desde otro punto de vista, el presidente de la Comisión de Libertades e Informática, como representante de una asociación dedicada a defender, difundir e informar en esta materia, completó planteamientos desde la perspectiva del ciudadano, aludiendo a la responsabilidad tanto del administrado como de la propia Administración en esta materia e insistiendo en que, sobre todo, se debe a la falta de recursos para la efectiva concienciación de estos contenidos y a las deficiencias técnicas y de fondo de una legislación ya desfasada, no en vano, la Comisión de Libertades e informática ha presentado ya un proyecto de reforma de la LOPD.

La Jornada finalizó con una rueda de preguntas de los asistentes, que fueron siendo respondidas en el sentido que los ponentes habían ido dando a sus exposiciones, y con el firme propósito de realizar otras futuras que continúen lo iniciado en ese 10 de Febrero en Asturias ya que, según explicó el presidente de APICE, D. Andrés Borrego, ésta entidad ha ya recibido varias invitaciones de comunidades autónomas vecinas para organizar un evento de características similares.